En el debate sobre la comida chatarra: derrota de la sociedad civil a manos de la industria

En medio del Mundial de Fútbol y la campaña electoral del año pasado, no había mucha gente interesada en lo que estuviera pasando en la Cámara de Representantes. Se discutía el proyecto de ley 019/2017, que buscaba ponerles etiquetas frontales a los comestibles ultraprocesados cuando tuvieran cantidades altas de azúcar, grasa, calorías o sodio. 

En 2016 el Congreso ya había estado en una situación similar, cuando se cayó un impuesto a las bebidas azucaradas que tenía el visto bueno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Pero había una diferencia importante: esa vez los grandes conglomerados financieros se jugaron a fondo y ejercieron su influencia en los pasillos del Congreso y los medios de comunicación, y el impuesto se volvió noticia nacional. Pero esta vez los medios no estaban prestando mucha atención.

En medio de ese relativo desinterés, la discusión de ese proyecto de ley fue cooptada por los poderes fácticos en el Congreso de la República, pero fue asumida con entusiasmo por los ciudadanos en las redes sociales, que construyeron una narrativa radicalmente distinta a la del establecimiento. Esas son las conclusiones principales de este informe preparado por Linterna Verde y financiado por la Fundación Heinrich Böll sobre ese debate.

Mientras que la Andi, Fenalco y algunos sectores políticos cercanos a esos gremios impulsaron una narrativa sobre la iniciativa que la retrataba como un obstáculo para la creación de empleo y un ataque a los empresarios, la gente en redes sociales interpretó la situación como una lucha entre los ‘poderosos’ (gremios, industriales, etc.) y el resto de la sociedad.

Las organizaciones de la sociedad civil que apoyaban el proyecto lograron imponer la etiqueta #LeyComidaChatarra varias veces como tendencia en Twitter. Los usuarios de redes casi siempre estuvieron a favor del etiquetado, y, la cuenta de Red Papaz fue la más influyente en esa discusión.