El 2022 estuvo atravesado por temporadas de elecciones alrededor del mundo. Mientras que en América Latina Colombia y Brasil dieron un vuelco a sus gobiernos, en Estados Unidos las elecciones de medio mandato renovaron el Congreso del país. Como en los últimos años, las redes sociales fueron el campo de batalla de estas tres campañas, marcadas por la polarización y la difusión de narrativas de desinformación.

En este blog, recogemos en retrospectiva los principales retos que supusieron estos escenarios, la manera en la que actuaron las plataformas y la eficacia de sus políticas de contenido, que con el tiempo se han venido ajustando para corregir y prevenir fallas del pasado.

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Colombia: las plataformas al margen

El primer semestre del año Colombia vivió una temporada electoral de tres tiempos: las elecciones legislativas e interpartidistas celebradas el 13 de marzo, y las dos vueltas presidenciales que se llevaron a cabo en mayo y junio, respectivamente. Estas tres etapas permitieron que algunas narrativas de desinformación hicieran carrera y otras se desdibujaran a medida que avanzaban los hechos.

En general, la campaña estuvo acompañada de la desconfianza en el sistema electoral, impulsada desde varios sectores políticos. Entre otras, se divulgaron teorías sobre el software de conteo de votos de la Registraduría y la ruptura de la cadena de custodia de los votos durante las elecciones legislativas, que sembraron dudas en el camino hacia las votaciones presidenciales. 

Como barrera de contención para las discusiones digitales estaban las normas de contenido de las plataformas, que a raíz de las elecciones de 2016 y 2022 en Estados Unidos habían incluido medidas para controlar la desinformación, como etiquetas al contenido y sanciones a las declaraciones que engañaran sobre el proceso o lo deslegitimaran.

En efecto, algunas publicaciones que circularon durante esas semanas, incluyendo las de altos perfiles y candidatos, parecían incumplir las reglas de las plataformas, como las políticas de Meta y Twitter respecto al contenido que cuestiona falsamente los procesos electorales o incluso las normas que evitan la promoción de delitos electorales. 

Si al inicio de la campaña había expectativas sobre el nivel de injerencia que tendrían las plataformas para actuar sobre contenidos problemáticos, al final quedó claro que prefirieron mantenerse al margen y no aplicar sus políticas de manera estricta.

En cuanto al silencio de las compañías de redes sociales frente al contenido problemático que circuló en las tres elecciones colombianas de 2022 caben al menos dos preguntas. La primera está encaminada a la capacidad de detección de sus sistemas, que pueden no estar a la altura del nivel de detalle y de contexto que requieren ciertas normas para ser aplicadas. 

La segunda puede tener más fondo y atraviesa además la moderación de contenidos, sus prácticas y el diseño de sus políticas, pues radica en la conveniencia o no de que las plataformas actúen con rigurosidad en contextos electorales, donde cualquier medida –una suspensión o la eliminación de un contenido, por ejemplo– puede convertirse en un elemento que agudice aún más un medio polarizado. 

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Brasil: el 2020 que no fue

En cierta medida, las políticas que las plataformas diseñaron luego de las elecciones de 2020 en Estados Unidos –donde la deslegitimación del proceso y las dudas de fraude llevaron a una situación de verdadera inestabilidad– parecerían tener plena correspondencia con el contexto brasileño, donde por momentos Jair Bolsonaro y algunos de sus aliados estaban dispuestos a llevar la polarización al límite.

Luego del 30 de octubre, cuando se celebró la primera vuelta y Luiz Inácio Lula da Silva se impuso sobre Bolsonaro, una ola de extremismo nacionalista inundó las redes sociales, acompañada de demandas de golpes militares y afirmaciones de fraude. 

Una investigación del Digital Forensic Research Lab detectó además la participación de cuentas inauténticas que promovieron a través de distintas redes sociales la etiqueta #BrazilWasStolen, que recuerda al #StopTheSteal que se difundió tras las elecciones de 2020 en Estados Unidos. 

Además, se encontraron anuncios –publicados antes del plazo que la ley brasileña establece para poder hacer publicidad política– que reproducían discursos en los que Bolsonaro llamaba a los ciudadanos a marchar en las calles para defender sus vidas, una narrativa que también se asemeja a la que Donald Trump promovió luego de su derrota en 2020, como lo señaló Flora Rebello Arduini, directora de campañas de la organización activista SumOfUs. 

La población de Brasil lo convierte en un mercado muy atractivo para las redes sociales, un interés que se ve también en la forma en la que las plataformas tratan sus elecciones. Por ejemplo, a lo largo de este año, YouTube modificó tres veces sus políticas de integridad electoral para prohibir el contenido que cuestionara la legitimidad de las elecciones de 2014, 2018 y 2022 en ese país, una atención que sólo comparte con Estados Unidos y Alemania.

Sin embargo, al igual que en otros contextos, hay problemas de detección y consistencia en los sistemas que pretenden controlar el contenido problemático relacionado con elecciones. Problemas a los que se suma la barrera del idioma, pues no se ha invertido lo suficiente para que la inteligencia artificial y los moderadores humanos tengan condiciones para revisar el contenido en portugués de la misma manera en que se hace en inglés. 

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Estados Unidos: la desinformación confinada

Las elecciones de medio mandato, en las que el país renovó parte de su Congreso, fueron la oportunidad para medir la efectividad de las medidas implementadas por las plataformas a partir de las elecciones presidenciales de 2020, que terminaron con la toma del Capitolio y la expulsión de Donald Trump de las principales redes sociales. 

A pesar de que se esperaba que el contenido problemático volviera a jugar un papel importante en el desarrollo de las elecciones, su impacto fue mucho menor al que tuvo en 2020. De acuerdo con Alex Stamos, director del Stanford Internet Observatory, medidas como la suspensión de ciertas voces llevaron a que la difusión de teorías de conspiración o contenidos de desinformación quedaran apartadas en plataformas de nicho, como Parler o Truth Social, sin posibilidad de tener un alcance como el del pasado. 

A su vez, factores como las iniciativas de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales para promover la educación electoral ayudaron a que los usuarios identificaran la información errónea antes de las elecciones. 

Aunque la situación fue más alentadora que en otras elecciones celebradas este año, los indicadores de desinformación demostraron las fallas de las plataformas al detectar y sancionar contenido problemático en idiomas diferentes al inglés. Esta deficiencia de los sistemas de moderación, presente en el resto del mundo no angloparlante, abrió una brecha en la calidad del contenido al que estuvieron expuestas las comunidades latinas y asiáticas, entre otras. 

El seguimiento de las elecciones intermedias permitió ver además el crecimiento de plataformas alternativas como Telegram y Truth Social. Mientras que las grandes compañías de redes sociales –como Meta, YouTube y Twitter– han estado en la mira de las autoridades y de la sociedad civil y por tanto han cedido a mayores acciones de compromiso con la transparencia y la lucha contra la desinformación, algunas plataformas minoritarias han quedado al margen de estas exigencias y no han implementado normas específicas para los contextos electorales.

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Como se ha visto, las normas comunitarias de las plataformas responden en buena medida al contexto estadounidense. Para el caso latinoamericano, el cumplimiento no se garantiza con tanta eficacia y, cuando se aplica, suele desconocer los contextos diferenciales de cada país. La apertura hacia la diversidad es un primer escenario en el que las plataformas están empezando a incursionar. Sin embargo, hay acciones más concretas que pueden aportar a la construcción de un espacio digital más transparente. Por ejemplo, la pedagogía para identificar la información falsa, un mayor apoyo  a las organizaciones que trabajan sobre el debate público digital, una regulación más estricta y situada y un fortalecimiento de los canales de comunicación que permitan a las plataformas conocer las necesidades de sus usuarios a lo largo del mundo.

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