El entorno digital actual, caracterizado por la difusión masiva de contenidos, la interacción instantánea entre plataformas y una mayor dispersión de las audiencias, ha facilitado la orquesta de acciones coordinadas a nivel global. Estas operaciones, cuyo objetivo es redirigir o dispersar la atención en línea mediante el empleo de técnicas disuasorias, plantean inquietudes sobre la autenticidad del discurso público y la integridad de los procesos democráticos en América Latina.

Ante esta preocupación, Linterna Verde tomó la iniciativa de compilar estudios de caso sobre acciones coordinadas en la región, a partir de investigaciones digitales realizadas por medios de comunicación y otras organizaciones de la sociedad civil. El resultado es el informe 'Hallazgos sobre acciones coordinadas en América Latina', una herramienta útil para la identificación de patrones recurrentes en la región y el avance de la investigación sobre transparencia en el entorno digital. 

El análisis de estas campañas permitió no sólo clasificar los actores y dinámicas utilizadas en las acciones coordinadas, sino también los objetivos similares que comparten, como la captura de conversaciones sobre temas de interés público, la distracción de críticas a funcionarios gubernamentales y el ataque a aquellos que expresan opiniones de manera orgánica sobre asuntos coyunturales.

¿Qué encontramos?

Uno de los aspectos que destacan de la investigación es la correlación entre gobiernos y partidos políticos y el uso de acciones coordinadas en redes sociales. El fenómeno es especialmente notable en regímenes autoritarios de América Latina, los cuales organizan campañas sincronizadas para desviar críticas y moldear la narrativa en línea a través de trolls favorables al gobierno. Al respecto, un estudio del observatorio digital Probox, realizado en febrero de 2023, reveló que en Venezuela, más del 90% de las publicaciones en la plataforma X con hashtags progubernamentales proceden de cuentas automatizadas o inauténticas, alineadas con el régimen de Nicolás Maduro.

Otro ejemplo es del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que ha realizado significativos avances en la documentación de operaciones coordinadas en Colombia que son ejecutadas por la industria privada. En julio de 2023 produjeron un artículo sobre Luis Duque, un estratega político cuya empresa, Estrategia & Comunicaciones (E&C), ha celebrado quince contratos con distintas alcaldías y gobernaciones locales. Los convenios han tenido el objetivo de diseñar campañas electorales en redes sociales empleando dinámicas de monitoreo, perfilamiento y recolección de datos personales de los ciudadanos. 

Los hallazgos de estos artículos de investigación y otros expuestos en el informe permiten señalar que, por un lado, las acciones coordinadas en América Latina suelen aflorar en situaciones de alta polarización: crisis mediáticas, periodos electorales, estallidos sociales y, en general, momentos de gran tensión política; por otro, que las plataformas de redes sociales se han convertido en el espacio principal para llevar a cabo estas operaciones debido a su alcance global de manera rápida y eficiente. 

¿Qué sigue en la investigación sobre acciones coordinadas en la región?

Las investigaciones, académicas, periodísticas y de la sociedad civil están enfocadas en analizar las dinámicas propias de las acciones coordinadas: cúal es su estrategia, cómo funcionan o quiénes están detrás de ellas. Sin embargo, durante nuestra exploración observamos un vacío de información relacionado con el impacto que estas dinámicas tienen en el debate público. 

Por otro lado, si bien la mayoría de las plataformas -Meta, Twitter (X), TikTok y YouTube- han desarrollado reglas y sanciones para las acciones coordinadas o la actividad inauténtica, sólo Meta y TikTok publican periódicamente informes de transparencia en los que reportan la cantidad de cuentas y seguidores en las redes de coordinación.

Sin embargo, estos informes no incluyen la metodología empleada para detectar campañas inauténticas, por lo que es difícil comprobar externamente su nivel de precisión. Además, falta claridad en cuanto a los criterios utilizados para seleccionar qué casos se incluyen en estos informes y qué otros están dejando de ser reportados.

No obstante, es clave que las plataformas continúen con el compromiso de identificar estas dinámicas en línea. Teniendo en cuenta que la evaluación del impacto real de estas operaciones en la región es un asunto difícil de cuantificar debido a su gran alcance, es imperante plantear, desde la investigación digital, estrategias y metodologías innovadoras y flexibles para continuar contrarrestando este fenómeno.  

Este informe no sólo arroja luz sobre las complejidades y desafíos presentes en la batalla contra la desinformación mediática, sino que acentúa la utilidad de herramientas de compilación que promuevan una sociedad civil más informada y resiliente.

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