Las redes sociales son, desde hace años, una tribuna obligatoria para candidatos políticos. En sus espacios se libran batallas electorales, se definen alianzas y candidaturas y se posicionan mensajes que en últimas buscan afectar el sentido del voto de quienes participan en el ejercicio democrático. Esta dinámica ha llevado a las plataformas a desarrollar normas de integridad electoral que permitan moderar el discurso político en estos contextos. En esta entrada exploramos la evolución de estas normas y algunos factores importantes para tener en cuenta de cara a las elecciones regionales en Colombia y a las programadas para este año en países como Ecuador y Argentina. 

En cierta medida, las normas de las plataformas responden a las lecciones aprendidas a partir de las elecciones de 2016 y 2020 en Estados Unidos respecto a narrativas de fraude. Un análisis de las políticas en plataformas como Meta, YouTube, Twitter y TikTok permite clasificar cinco tipos de comportamientos prohibidos en línea:

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1. Desinformación electoral: propagación de contenido falso o engañoso sobre aspectos esenciales de un proceso electoral y los candidatos que participan en él. 

2. Interferencia electoral: contenido que pretende alterar el curso normal de un proceso, disuadiendo a la ciudadanía de participar o engañándola sobre aspectos clave, como los sitios o las fechas de votación. 

3. Violencia e intimidación electoral: propagación de discursos de odio y amenazas dirigidas a funcionarios electorales o la incitación a la violencia contra funcionarios. La erradicación de esta retórica busca mantener un entorno de debate seguro y respetuoso.

4. Deslegitimación: narrativas falsas sobre los resultados de una elección o sobre la legalidad de los procesos. 

5. Fraude electoral: contenido que promueve la comisión de delitos electorales, como la compra de votos. 

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A pesar de su incidencia en el debate público, en ocasiones las plataformas han evitado asumir del todo su papel como escenarios de campaña electoral. Es el caso de TikTok, que durante mucho tiempo se presentó exclusivamente como un espacio de entretenimiento, rehuyendo cualquier responsabilidad adicional. Hasta abril de este año, sus normas comunitarias se limitaban a prohibir “contenidos que buscaran engañar a la comunidad sobre elecciones u otros procesos cívicos”, una regla demasiado amplia para el problema que pretendía prevenir. Sin embargo, justo antes de que el CEO de la compañía compareciera ante el Congreso de Estados Unidos, la compañía reformuló por completo sus políticas para salvaguardar la integridad electoral y adoptó reglas más específicas, como la prohibición de hacer afirmaciones erróneas sobre los lugares de votación o la de controvertir sin evidencias el resultado de un proceso electoral.

Es previsible que estas nuevas reglas se pongan a prueba en las elecciones programadas para este año. En especial, para el caso colombiano, por el éxito probado que tuvo la campaña de Rodolfo Hernández el año pasado en TikTok, cuya estrategia le dio visibilidad nacional convirtiéndolo en el ‘candidato rey’ de esta red social. 

En todo caso, las políticas específicas para las elecciones no son el único frente en esta batalla en Colombia. Las normas comunitarias están diseñadas para ser aplicadas de manera global, por lo cual su concepción puede pasar por alto aspectos específicos de los contextos locales, y permitir que ciertos contenidos potencialmente dañinos permanezcan en línea. 

Un monitoreo realizado por Linterna Verde a principios de este año encontró algunas áreas grises en estas políticas respecto a la protección frente a ciertos contenidos problemáticos, como la incitación a la violencia en respuesta a la protesta social o la discriminación basada en clase respecto a la figura de la vicepresidenta Francia Márquez. 

Estos vacíos pueden ser especialmente relevantes en el contexto de las elecciones regionales en Colombia. Por una parte se pronostica un pulso frente al gobierno nacional; por otra, es posible que la protesta social sea un asunto en la agenda de discusión de zonas como el Valle del Cauca, donde los eventos del Paro Nacional de 2021 siguen teniendo vigencia.

Además de las normas, durante las temporadas electorales las plataformas implementan medidas para dar mayor claridad y contexto a los usuarios. Es el caso de los mensajes intersticiales que ofrecen enlaces a centros de recursos de información, como páginas de verificadores de datos o sitios oficiales. Sin embargo, estas medidas pueden ser insuficientes. El año pasado, por ejemplo, durante la campaña presidencial en Colombia, las búsquedas en Twitter relacionadas con el proceso ofrecían enlaces genéricos a las páginas de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, donde no había información para contrarrestar las narrativas engañosas que circularon durante este periodo. 

Por otra parte, es importante resaltar que la desinformación en línea y su impacto en eventos electorales no debe observarse a partir de una única red social. Se trata de un fenómeno complejo que se despliega en un ecosistema de información que incluye a otras plataformas, servicios de mensajería y medios de comunicación tradicionales e independientes. A la fórmula se agregan además las operaciones de influencia y la manipulación de las plataformas que pueden influir en la percepción de los usuarios y en el curso de una elección, como lo demuestra la investigación "Mercenarios digitales" publicada recientemente por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

La desinformación electoral en redes sociales supone muchos y muy variados frentes de batalla. Su análisis debe verse en una perspectiva amplia, que incluya la responsabilidad de las plataformas en cuanto a normas que atiendan las necesidades locales, pero también una mirada crítica a la infraestructura de estos espacios y los riesgos de manipulación por parte de actores políticos. Con elecciones regionales en el horizonte, el desarrollo de las normas de contenido y la introducción de otras medidas de contención se enfrentan a una nueva prueba para proteger la integridad del debate público digital.